Vistas de página en total

domingo, 26 de marzo de 2017

Por la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo

El pasado jueves se celebró en el Senado una Jornada organizada por la Plataforma Comisión de la Verdad coincidiendo con la celebración el día 24 de marzo del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. 

En la Jornada que no tenía carácter oficial porque la mayoría del Partido Popular en el Senado rechazó su celebración participaron todos los demás grupos parlamentarios. Para que nos hagamos una idea sobre lo prioritario para ese partido, sí tendrá carácter oficial por ejemplo el próximo lunes el Acto de Entrega de los X Premios Taurinos.

Foto Irene Lingua
En el acto se dio a conocer la Declaración por una Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo  a la que mostramos nuestro apoyo y participaron además de representantes de los grupos parlamentarios en el Senado, representantes parlamentarios de diferentes Comunidades Autónomas, así como personalidades del mundo del derecho, académico y de la cultura. 

Transcribo aquí mi intervención en la Jornada sobre políticas de Estado en materia de la Verdad, agradeciendo la imprescindible colaboración de Manuela Bergerot del área de Memoria de Podemos y de mi compañera senadora Vanessa Angustia de En Marea e IU:

Foto Irene Lingua
"Un placer para mí estar en esta Jornada, ya no como político y representando a Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sino a título personal.

Como algunos sabrán comparto nombre y apellido con el tío de mi abuelo, Joan Comorera, uno de los fundadores del PSUC, ex conseller de la Generalitat en el gobierno de Lluis Companys y condenado a treinta años de cárcel por el franquismo y fallecido poco tiempo después de su condena en el Penal de Burgos.

Pero mi familia al menos tuvo suerte, en abril de 1985 sus restos regresaron a Cataluña, no así como los miles de desaparecidos abandonados en las cunetas y que nos alzan al segundo puesto del ranking mundial de desaparecidos forzados.

Partiendo de la doble premisa de que la memoria es un derecho ciudadano y de que en España no se ha implementado todavía una verdadera política pública de memoria, es imprescindible un proyecto sobre memoria democrática y cultura de los derechos humanos, articulada, al igual que lo hace el derecho internacional en esta materia, en torno a la triada “memoria, verdad y justicia”, de acuerdo con las recomendaciones de la ONU.

Es una cuestión del presente, porque hoy en día hay mujeres y hombres con derechos fundamentales desatendidos: el derecho a dar un entierro digno a sus familiares que se hallan en fosas comunes, el derecho a conocer la verdadera identidad de miles de hombres y mujeres que fueron apropiados de sus madres, el derecho a la justicia de los que lucharon contra la dictadura y sufrieron represión, tortura, cárcel, exilio y trabajos forzados…

Es una cuestión del presente, por el derecho de la sociedad a conocer la Verdad frente a la política del silencio y el olvido, el derecho de las generaciones más jóvenes a crecer en una democracia plena, incompatible con el marco de impunidad que hemos heredado de la dictadura.

Hasta día de hoy, las políticas memorialísticas desarrolladas por el Estado desde la restauración de la democracia han puesto su acen­to en querer pasar página de los hechos más convulsos de nuestro pasado reciente, como la guerra civil y el franquismo, y han cons­truido un relato que, al mismo tiempo que equiparaba los dos ban­dos de la guerra civil, negaba el reconocimiento oficial a las víctimas del franquismo. Difícilmente se puede hacer efectivo el derecho a la memoria, el derecho a recordar, si no reconocemos, identificamos, dignificamos y hacemos justicia con las víctimas de la violencia franquista.

Es por el país del futuro que queremos ser.

Por ello, desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea defendemos 3 tipos de políticas:

1.   Políticas para el derecho a la memoria orientadas a generar garantías de no repetición.

2.   Políticas de acceso a la justicia para las víctimas del franquismo.

3.   Políticas para el derecho a la verdad.

La búsqueda de reconciliación con un pasado marcado por experiencias traumáticas exige conocer oficialmente la verdad en torno al papel jugado por el estado y sus funcionarios.

Es necesario demandar al parlamento una iniciativa de este tipo para investigar a fondo y tener un posicionamiento institucional crítico y condenatorio sobre la guerra civil, la dictadura y los vestigios autoritarios en las instituciones armadas durante la transición a la democracia.

Cuando hablamos de “Verdad” nos referimos al derecho a investigar y restablecer oficialmente los hechos del pasado, teniendo siempre presente la función pedagógica para las generaciones más jóvenes y futuras.

Foto Irene Lingua
Hay que aplicar y desarrollar de manera efectiva la Ley de Memoria histórica, se debe promover la eliminación o resignificación de símbolos o monumentos de exaltación franquista, la creación de Lugares de Memoria como espacios pedagógicos en todo el territorio, identificación y visibilización de espacios donde se produjeron hechos significativos o donde se desarrollaron prácticas represivas, torturas y fusilamientos, garantizar el acceso a los archivos públicos y privados y la desclasificación de los fondos relativos a este periodo y un sistema educativo que promueva una memoria democrática, así como la formación de funcionarios públicos y de las fuerzas de seguridad del Estado.

Hay que crear un Alto Comisionado de apoyo a las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista que se encargue del cumplimiento de esta legislación y de una fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a todos aquellos que sufrieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Entendemos la misma como una herramienta que garantice el derecho a la Justicia y la Reparación.

Proponemos además que el Estado asuma con cargo a sus presupuestos generales, las tareas de localización, exhumación, identificación y dignificación de las fosas comunes y de las personas enterradas a consecuencia de la violencia franquista.

La creación de un banco de ADN para identificar las víctimas de la guerra civil y del franquismo.

La declaración de nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones judiciales o administrativas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquier de los tribunales o órganos penales o administrativos de la dictadura franquista.

Y el reconocimiento como un problema de Estado del robo masivo y sustracción de bebés.

Defendemos y trabajamos por una recuperación de la memoria además con perspectiva de género: es necesario que la recuperación del relato histórico incluya todas las verdades que fueron borradas de la Historia oficial, pero en especial, a la discriminación de la mujer en la escritura de la Historia. Porque durante la Guerra Civil, las mujeres sufrieron abusos sexuales como estrategia de guerra y represión, condenadas a la marginación, la dependencia y la subordinación, además de los efectos más opresivos de la educación. Durante la dictadura, las mujeres fueron víctimas de una doble represión, por sus ideales y por su condición de mujeres, por no representar el modelo de mujer/madre/esposa sumisa que se sustentaba desde el régimen.

La política pública estatal debe propiciar la construcción de memoria colectiva que, lejos de reabrir heridas o establecer nuestra mirada dirigida al pasado, nos permita construir un presente de dignidad y avanzar como sociedad. Lo que no es admisible para una sociedad democrática es sepultar en el olvido la memoria.

No es mirar al pasado con revancha, es buscar la verdad, que siempre es reparadora pero no solo para las víctimas sino para toda la sociedad y eso no es reabrir heridas, lo que es inadmisible es que un Estado democrático siga negando a toda la sociedad el derecho a conocer el pasado.

Por eso creemos que es necesario que el Estado reconozca que la memo­ria, el derecho a recordar, es un derecho democrático universal". 






sábado, 25 de marzo de 2017

NUESTRA PROPUESTA PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DEL MINISTERIO FISCAL

El pasado martes como consecuencia de una interpelación del PSOE al Ministro de Justicia se discutió una moción para garantizar adecuadamente la autonomía funcional del Ministerio Fiscal.

Nuestro grupo parlamentario presentó seis enmiendas a la moción del PSOE.

Foto Irene Lingua
Este era el texto que proponíamos con nuestras enmiendas de las medidas a llevar a cabo para garantizar la autonomía funcional del Ministerio Fiscal:

1. Garantizar que el Ministerio Fiscal como órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, en el cumplimiento de sus funciones responda exclusivamente a criterios de legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia, evitando injerencia alguna en su actuación ordinaria.

2.- Impulsar la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la redacción dada al mismo por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, en tanto dificulta la adecuada investigación judicial de causas complejas, como las relativas, en muchas ocasiones, a la corrupción. 

3.- Que se proceda a llevar a cabo las reformas necesarias del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, así como a elaborar un nuevo Reglamento que sustituya al preconstitucional Decreto 437/1969, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal, que impida que el Gobierno pueda tutelar al Ministerio Fiscal, dirigiendo por vía interpuesta sus investigaciones y el sentido en que deben proceder, garantizando así la autonomía e independencia necesarias en su actuación.

​4.- Incrementar de manera efectiva los medios materiales y humanos de los que dispone el Ministerio Fiscal, muy especialmente, los de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, con la adecuada consignación presupuestaria.

5.- Regular el acceso a los cargos en la carrera fiscal de forma que se garantice la primacía de los principios de mérito y capacidad constitucionalmente exigidos para el acceso a la función pública.

6.- Dotar a esta institución de mecanismos de transparencia que permitan conocer, entre otros, los actos que se realicen, los criterios utilizados para la toma de decisiones, la agenda del Fiscal General del Estado y de los demás órganos de dirección, y las retribuciones o los indicadores de su actividad.

7.- Asegurar la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal, asignando una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado.

8.- Abordar de manera integral la reorganización y el nuevo diseño de las funciones de los órganos centrales (Inspección Fiscal, Unidad de Apoyo y Secretaría Técnica).

9.- Reformar por consenso con los diferentes grupos parlamentarios el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado.

Los puntos 1, 2  y 4 eran de la moción del PSOE. El punto 3 lo modificamos porque no queríamos que se diera por sentado que a lo largo de la legislatura se iba a proceder a transferir la instrucción de las causas al Ministerio Público y añadimos la elaboración de un nuevo Reglamento.

El PSOE solo aceptó las enmiendas 6 y 7, si bien la 5 era muy similar a una enmienda de Ciudadanos que aceptó.

Sin embargo, a pesar de que las medidas interesadas, que creo eran de sentido común y necesarias para dotar de la necesaria independencia y autonomía a la Fiscalía, la mayoría absoluta del PP en el Senado, las rechazó como, por otra parte, es habitual con cualquier iniciativa del resto de grupos parlamentarios.

Os dejo el vídeo de la defensa de las enmiendas y el vídeo del turno de portavoz, así como todo el debate por si queréis conocer lo que cada formación política dijo al respecto.